domingo, 28 de agosto de 2011

¡Control de precios en las clínicas privadas ya!



ANA ELISA OSORIO / OPINIÓN

Siempre hemos defendido la conformación de un Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) que tenga una perspectiva holística que le proporcione un mayor peso específico a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, tal como lo concibe nuestra Constitución en el artículo 84,  y que la haga menos dependiente de las tecnologías  de punta, que nos obnubilan como espejitos pero, finalmente, poco contribuyen con el bienestar general de la población, pudiéramos decir que más bien contribuyen con el “ego” de los médicos que las indican y con las transnacionales que las fabrican.

Ya me enseñaba mi maestro Otto Lima Gómez que el  médico y la médica debían formular su diagnóstico basado en un 90% en la historia clínica y los exámenes para clínicos servían para confirmarlo o hacer diagnóstico diferencial (el otro 10%). La premisa es que la salud es un derecho y el Estado la garantizará.
Por otro lado es importante aclarar que la existencia de un SPNS no está reñido con la presencia de un sistema de salud privado que estaría diseñado para satisfacer las necesidades de un sector de la población que decide pagar por estos servicios, por distintas razones.

Lamentablemente, en aras de cumplir con el derecho Constitucional, el Estado ha venido financiando el sector privado de la salud a través de las pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) que contratan sus instituciones para atender en las clínicas a sus trabajadores. Sé muy bien que no se trata de decir “¡Ya no más HCM!” pero lo que sí se puede, mientras se robustezca el sector público de la salud, es darle un parao a la especulación en los precios de las clínicas privadas.

Se calcula que alrededor del 80 % de los ingresos de las clínicas proviene de las pólizas contratadas por el Estado. En este sentido, saludamos la iniciativa de un grupo importante de ministerios e instituciones estadales que, conjuntamente con sus trabajadoras y trabajadoras, han decidido proponer un baremo que racionalice los precios y detenga la escalada que las clínicas aplican periódica y arbitrariamente.

Ojalá que esta iniciativa fuera asumida por el 100% del sector público. De ser así, seguramente habría un ahorro por encima del 35% en gastos de HCM, el cual podría direccionarse a la construcción de ese Sistema Nacional Público de Salud que demanda la Revolución Bolivariana.

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