miércoles, 30 de mayo de 2012

Sundecop definirá los precios de servicios fúnebres

Sundecop definirá los precios de servicios fúnebres

La Superintendencia Nacional de Costos y Precios, creada el año pasado, será la encargada de determinar lo que podrán cobrar funerarias y cementerios por los servicios que ofrecen al público, según el proyecto de ley para la regulación y control de la prestación del servicio funerario y cementerios.

El papel de trabajo, que se discute en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, incluye la creación del consejo nacional integral de servicios funerarios y cementerios, que asesorará a la Sundecop en la fijación de los precios del sector.

Entre las funciones del consejo estará definir los criterios técnicos de calidad del servicio, supervisar las empresas y proveer información al Ejecutivo para la implementación de políticas dirigidas al mejor funcionamiento del sector.

El presidente Hugo Chávez designará a la persona encargada de dirigir el consejo, que deberá ser venezolano por nacimiento y mayor de 30 años de edad, además de dedicarse de manera exclusiva al cargo.

El consejo también estará integrado por representantes de los ministerios de Ambiente, Comercio, Cultura y Salud; la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, el Indepabis y los gobiernos municipales.

Las empresas del sector deberán inscribirse en el registro nacional que creará el consejo, y cumplir con las obligaciones y los requisitos establecidos en la ley.

El proyecto indica que habrá multas de 100 a 200 unidades tributarias (9.000 a 18.000 bolívares) para quienes incumplan las disposiciones relacionadas con el tratamiento de los cadáveres y el lapso de inhumación o cremación.

Las sanciones serán de 300 a 400 unidades tributarias (27.000 a 36.000 bolívares) cuando se violen los contratos de previsión funeraria. Si hay reincidencia, la empresa deberá prestar 20 servicios gratuitos del mismo tipo del incumplido.

Un castigo de igual cuantía será aplicado cuando los cementerios no entreguen el certificado de cremación o los funcionarios encargados de expedir los permisos de inhumación no estén disponibles para el trámite.

De acuerdo con el proyecto de ley, las multas más elevadas irán de 400 a 500 unidades tributarias (36.000 a 45.000 bolívares) y serán para los cementerios que no lleven el registro de inhumaciones y cremaciones, y las morgues que no entreguen los cadáveres en un máximo de cuatro horas después de terminada la experticia.

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